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14/10/2011 | Rhodri Davies, Caracas (Venezuela) | GlobalPost
El asaltante golpeó a Jaime Gómez y le tiró al suelo. Su cómplice, subido a una moto detenida a unos cuantos metros, le gritó. “Venga, deprisa. Dispárale al viejo”.
Sólo entonces, Gómez, de 68 años, dejó que le quitasen su Blackberry.
Había estado hablando con el teléfono móvil en el exterior de la casa de su tío, en Alta Florida, un barrio de clase media de Caracas que se extiende colina arriba. Quienes le atacaron le vieron cuando pasaban por allí y decidieron llevarse el botín.
“Cuando se marcharon, me sentí impotente y furioso”, dice Gómez, añadiendo que “no fuimos a la policía porque creen que es un delito menor”.
Será menor, pero es demasiado frecuente en Venezuela.
El 40 por ciento de los venezolanos ha sufrido alguna vez el robo de su teléfono móvil. El mercado negro de estos aparatos genera millones de dólares de ganancias al año, según el Comité de Usuarios de Celulares.
La Comisión de Celulares Robados o Extraviados de la Asamblea Nacional venezolana señala que al menos 21 personas han muerto por defender sus blackberries de los ladrones en Caracas. Añaden además que siete de cada 10 robos en la capital del país son de móviles.
Una Blackberry es un objetivo valioso. Considerado un símbolo de estatus social, es el teléfono de moda en Venezuela. Los ladrones los pueden llegar a vender en el mercado negro por unos 360 dólares, más de la mitad del salario mínimo.
Debido a las limitaciones impuestas por el gobierno para evitar la fuga de dinero al extranjero, las importaciones de estos teléfonos han caído, lo que ha disparado aún más la demanda.
La Blackberry de Gómez era un regalo de su hijo. Ahora usa otra Blackberry de repuesto y un teléfono móvil barato, que es el que usa en público.
Ricardo Sánchez, que preside la Comisión de Celulares Robados o Extraviados, ha asegurado al periódico El Nacional que “las blackberries son los celulares que más se roban... pero también cualquier cosa con un chip atrae a los ladrones”.
En las últimas semanas Sánchez ha aparecido en los medios nacionales expresando su descontento ante esta situación y exigiendo condenas de cárcel para los ladrones de móviles.
El 19 de septiembre el gobierno anunció que había establecido un sistema para obligar a las tres operadoras de telefonía móvil a compartir los números de identificación de móviles robados cada 12 horas.
Dicen que con esto, y una nueva medida que obliga a los que contratan una nueva línea a mostrar su móvil en la tienda, ya se han bloqueado el 96 por ciento de los aparatos denunciados como robados.
Juan Abellán, presidente de Telefónica Venezuela, asegura que la empresa canadiense RIM, fabricante de Blackberry, se ha comprometido a ayudar a bloquear los móviles robados a nivel mundial, de modo que no se puedan vender en el extranjero.
Aún así, el Comité de Usuarios de Celulares asegura que las bandas armadas se dedican a robar móviles a lo largo de algunas de las principales avenidas de Caracas, sus centros comerciales, estaciones de metro y universidades.
El problema está relacionado con una inseguridad mucho más amplia.
En 2010 se cometieron unos 38 homicidios cada día en Venezuela. En total el año se cerró con 14.000 asesinatos. Las cifras oficiales más recientes indican que el 91 por ciento de los delitos de los que se tiene conocimiento se quedan sin castigo. La mayor parte de la gente considera a la policía corrupta y poco fiable.
Algunos culpan a la polarizada vida política de Venezuela de impedir la aprobación en la Asamblea Nacional de soluciones para este profundo problema.
“La polarización del país contribuye al aumento de los delitos. El problema de la inseguridad exige que todos los sectores políticos y sociales trabajen juntos”, asegura Marino Alvarado, coordinador de educación del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos.
“Hace cuatro años el gobierno empezó un proceso de reforma política. Pero no ha tenido éxito en fomentar un cambio coherente y sistemático”, añade.
Julio Borges, coordinador nacional del partido de la oposición Primero Justicia, asegura que el gobierno tiene la responsabilidad de la situación, pero que carece de las políticas y la voluntad necesarias para combatir la inseguridad.
Borges dice que hay gente en el poder, incluso en el ejército, que tiene vínculos con el crimen organizado, “así que se promueve la violencia desde el corazón del estado”. También acusa de la situación al poder judicial y a una falta de regulación sobre las armas.
Gómez dice que muchos venezolanos viven ahora en una burbuja, viajando exclusivamente de casa al trabajo o a los centros comerciales. “Hay un límite a la calidad de vida. Pero es un estilo de vida al que nos hemos acostumbrado”, admite.
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